En un giro que mezcla historia, leyenda y regulación ambiental, la Corte Suprema de Chile ha abierto nuevamente la puerta a una de las búsquedas más intrigantes del Pacífico Sur: el supuesto tesoro escondido en la Isla Robinson Crusoe, en el archipiélago de Juan Fernández.
La resolución judicial declara “en regla” la expedición encabezada por el empresario holandés Bernard Keiser, anulando un rechazo previo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y obligando al organismo a emitir un nuevo pronunciamiento. Esto podría permitir retomar las excavaciones antes de junio.
El mito persistente: un botín de escala continental
La historia se remonta al siglo XVIII. Según diversas crónicas, un cargamento de enorme valor —compuesto por oro, joyas y monedas— habría sido trasladado desde México por el comandante español Juan Esteban Ubilla. Posteriormente, el botín habría sido enterrado en la isla por el almirante británico George Anson, en el sector conocido como Puerto Inglés.
Las estimaciones actuales sitúan el valor del tesoro entre 20.000 y 40.000 millones de dólares, una cifra que, de confirmarse, lo convertiría en uno de los hallazgos más grandes de la historia.
Keiser ha dedicado casi tres décadas a esta búsqueda, respaldando su hipótesis con correspondencia histórica de 1764 y archivos internacionales. Desde 1998, ha invertido más de cinco millones de dólares de su propio patrimonio.
Patrimonio versus exploración: el delicado equilibrio
Pero el verdadero eje de esta historia —más allá del oro— está en la tensión entre exploración y conservación.
La isla forma parte de un parque nacional, lo que impone estrictas condiciones:
- Solo se puede trabajar seis meses al año.
- Está prohibido el uso de maquinaria pesada.
- Las excavaciones deben realizarse exclusivamente con herramientas manuales.
Estas restricciones buscan proteger uno de los ecosistemas más singulares del planeta, reconocido por su alto nivel de endemismo y fragilidad ambiental.
Desde la lógica de Región Circular, este caso abre una discusión mayor:
¿Cómo compatibilizar la búsqueda de valor económico con la protección de territorios únicos?
⚖️ Un modelo de reparto y gobernanza
En caso de hallazgo, la legislación chilena ya establece un esquema claro:
- 75% para el Estado de Chile, a través del Consejo de Monumentos Nacionales.
- 25% para los descubridores, liderados por Keiser.
Este modelo plantea una forma de gobernanza donde el patrimonio cultural y económico se distribuye entre lo público y lo privado, pero bajo supervisión institucional.
Más que un tesoro: una oportunidad de relato país
Más allá de si el oro aparece o no, este episodio representa una oportunidad estratégica:
- Reactivar el interés internacional por el archipiélago.
- Fortalecer el turismo científico y patrimonial.
- Posicionar a Chile como un país que regula —y no depreda— su riqueza natural e histórica.
En tiempos donde la sostenibilidad es un eje central del desarrollo, la búsqueda del tesoro en Juan Fernández deja de ser solo una aventura y se convierte en un caso de estudio sobre cómo explorar el pasado sin comprometer el futuro.
